La Cámara del Crimen de Cruz del Eje juzgará al único mayor de edad entre los cuatro acusados por el presunto caso de abuso sexual grupal que denunciado en junio de 2024 en la localidad de Bialet Massé, en Córdoba. El proceso involucró a un joven de 18 años, identificado como M.C., quien permaneció detenido en la cárcel de Cruz del Eje, y tres menores de edad que también enfrentaron imputaciones por abuso sexual con acceso carnal agravado.
Los hechos investigados se remontaron al 9 de junio de 2024, cuando una adolescente de 16 años denunció ante la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, que había sido víctima de violación grupal en una vivienda de Bialet Massé tras regresar de una salida nocturna en Villa Carlos Paz.
Santiago F., padre de la adolescente denunciante, rompió el silencio tras más de un año de mantenerse alejado de los medios para centrarse en el proceso judicial. En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, el hombre describió el calvario que atravesó su familia tras la presentación judicial en junio de 2024.
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«Fue una violación grupal en perjuicio de mi hija. Así es la carátula de la causa», afirmó el hombre, quien detalló que tras la denuncia «la justicia actuó rápido, se recabó un montón de pruebas y datos que dan a entender claramente que ese hecho ocurrió». El padre indicó que existe «una carga de pruebas que es muy fuerte, muy grande» para sostener la acusación.
El testimonio del padre reveló un patrón de hostigamiento sistemático hacia su familia. «Nosotros fuimos víctimas de amenazas de muerte por parte de la familia de los acusados en reiteradas veces a través de redes sociales, a través de teléfonos», relató Santiago F.
La escalada de violencia alcanzó su punto más grave cuando «a los 25 días de la denuncia, el padre de uno de los acusados pasó por adelante del local comercial de mi mujer, una peluquería, y disparó cinco tiros de un revólver 38«. El agresor fue detenido y condenado a dos años y ocho meses de prisión por este hecho.
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El hostigamiento constante llevó a la familia a considerar abandonar Bialet Massé. «La presión que estamos teniendo acá es muy fuerte. Este es un pueblo chico y para mis hijos no está bueno convivir con esta violencia», confesó Santiago F.
Críticas a la estrategia defensiva
Santiago F. expresó su indignación por la táctica empleada por las familias de los acusados, quienes según su relato sostienen la versión del consentimiento, pero no la respaldan judicialmente. «Si ellos piensan que fue por consentimiento, tienen que contrarrestarlo, pero ante la justicia. Tienen que presentar ellos pruebas para determinar que eso no fue así. Y esas pruebas no las han presentado«, enfatizó.
El padre fue contundente al señalar las contradicciones de la defensa: «Simplemente lo están dando a conocer a través de redes sociales y a través de medios», mientras que «no han hecho absolutamente nada de ese camino por adentro de la justicia«.
En uno de los pasajes más duros de la entrevista, Santiago F. cuestionó: «Si tienen un montón de pruebas, en la causa no hay nada. Si vamos a hacer las cosas en serio y tienen disconformidad por cómo se lleva adelante el proceso, pudieron utilizar herramientas legales que no han usado».
Pericias psicológicas
Un punto central del testimonio paterno se refirió a las pericias psicológicas. Santiago F. explicó que su hija se sometió voluntariamente a estos estudios, considerados clave por la justicia, mientras que «por parte de los acusados no se la hicieron. Ninguno se la hizo«.
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«Si dicen que fue por consentimiento y están buscando la verdad, ¿por qué no acudieron a esta herramienta? Mi hija sí lo hizo», se preguntó el padre, remarcando la importancia probatoria de estos estudios.
Por su parte, el abogado de la familia, Facundo Amoedo, sostuvo que los hechos efectivamente ocurrieron tal como fueron denunciados y que las pericias psicológicas y psiquiátricas mostraron «un grave daño psicológico en la víctima a partir de los hechos vivenciados».
Avances de la investigación
La investigación, que inicialmente mantuvo estricto hermetismo por tratarse de un delito contra la integridad sexual de una menor, avanzó con diversas medidas probatorias. En julio de 2024 terminaron de declarar todos los acusados, momento en el cual se levantó el secreto de sumario y los abogados defensores tuvieron acceso al expediente completo.
Durante el proceso investigativo, la familia de la adolescente denunció haber recibido amenazas a través de redes sociales, presuntamente de allegados a los detenidos, lo que motivó que la vivienda familiar permaneciera bajo custodia policial desde el 12 de junio de 2024.
El desarrollo del juicio oral
El proceso judicial ingresó en su fase final con la confirmación de que el caso fue a juicio oral. Mientras el joven mayor de edad será juzgado por la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, los tres menores implicados fueron procesados bajo el régimen de responsabilidad penal juvenil.
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La familia de la víctima, a través de su representante legal, insistió en que «lo único que quiere la familia es que intervenga la Justicia, determine si este hecho existió y si estas personas fueron las responsables y reciban una condena». Amoedo aclaró que no buscaron «ningún beneficio económico, solo que se determine la responsabilidad penal y civil de estas personas».
Las familias de los acusados mantuvieron su postura de inocencia. Fernanda, madre del único imputado mayor de edad, declaró a ElDoce.tv que hubo «relaciones sexuales consentidas». La mujer aseguró que contaron con evidencia para demostrar la inocencia de su hijo: «Tenemos mucha evidencia, por eso estamos acá, por eso queremos hacer el caso conocido porque la condena que puede tener mi hijo va de 8 a 20 años de prisión».