La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a quedar bajo la lupa judicial. Por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, este viernes se realizaron procedimientos en el predio de Ezeiza y en la sede de la calle Viamonte, en el marco de la causa que investiga el manejo de fondos en el exterior a través de TourProdEnter y su posible conexión con la mansión de Pilar que la Justicia sospecha ligada al tesorero Pablo Toviggino.
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El operativo, llevado adelante por Prefectura Naval, apuntó a secuestrar documentación en papel y soporte digital sobre la trazabilidad bancaria y contable de los contratos firmados entre la AFA y la firma de Javier Faroni. Según fuentes judiciales, en Ezeiza no se encontraron elementos de interés y solo fue incautada una computadora para su análisis. En cambio, en Viamonte apareció “mucho material” y el procedimiento se extendió durante varias horas.
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El foco sobre TourProdEnter y el dinero en el exterior
La Justicia ya tenía en su poder los contratos firmados por la actual conducción de la AFA con TourProdEnter, la empresa que administró negocios y fondos internacionales de la entidad. También contaba con balances de la firma aportados por la Inspección General de Justicia. Con los procedimientos de este viernes, González Charvay buscó sumar respaldo documental concreto sobre los movimientos de dinero realizados por esa estructura.
La sospecha central es que hubo maniobras irregulares en la administración de fondos de la AFA en el exterior y que parte de esos millones de dólares habría terminado desviado a empresas fantasma. En esa línea, los investigadores pusieron la lupa sobre los contratos de sponsoreo, representación comercial, logística y cobro de acuerdos internacionales, un esquema por el cual TourProdEnter percibía, según consta en la causa, una comisión del 30% más otro 10% por tareas logísticas.
La conexión con la mansión de Pilar
El otro expediente que empuja la investigación es el de la lujosa propiedad de Pilar, valuada en 17 millones de dólares, que formalmente figura a nombre de Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte. La Justicia sostiene que ninguno de los dos tendría capacidad económica declarada para justificar esa adquisición ni tampoco para explicar el entramado de autos de alta gama y objetos hallados cuando el lugar fue allanado en diciembre pasado.
La sospecha judicial es que el verdadero dueño sería Toviggino. En la propiedad aparecieron un bolso de la AFA, una plaqueta de Barracas Central a su nombre y una tarjeta corporativa de la entidad utilizada por Pantano con gastos mensuales millonarios. A eso se suma que varios vehículos tenían autorizaciones de manejo a nombre de familiares del tesorero. La hipótesis del juez es que la compra de esa quinta podría haber sido financiada, al menos en parte, con dinero surgido de los circuitos que ahora investiga alrededor de TourProdEnter.
El cartel en Viamonte y la respuesta de la AFA
Cuando la Prefectura llegó a la sede de Viamonte se encontró con un mensaje llamativo en la puerta: “(CERRADO) Dirigirse a Mercedes 1366 Pilar”. Esa es la dirección a la que la AFA busca trasladar formalmente su sede, aunque esa mudanza todavía no está habilitada y el lugar ni siquiera está operativo. La escena alimentó aún más el clima de sospecha alrededor del operativo.
Horas después, la AFA intentó bajar el tono con un comunicado. Aseguró que “no se llevó a cabo ningún allanamiento” y sostuvo que lo ocurrido fue apenas una “requisitoria de documentación” en el marco de actuaciones legales en curso. También afirmó que el funcionamiento interno de la sede se mantuvo con normalidad y pidió responsabilidad para no generar confusión pública. La distancia entre esa versión institucional y la lectura judicial del procedimiento volvió a exponer el nivel de tensión entre la conducción de Claudio Tapia y los tribunales.
Una causa que se multiplica y todavía discute juez
El caso no se reduce a un único expediente. Además de la causa de González Charvay en Campana, hay investigaciones abiertas en Lomas de Zamora, bajo la órbita de Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, y otra en la justicia nacional por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni por administración fraudulenta de fondos de la AFA. El objetivo del juez de Campana es concentrar esas actuaciones para evitar superposición de pruebas y decisiones contradictorias.
Pero incluso dentro del expediente de la mansión de Pilar sigue abierta una pelea de competencia. González Charvay y el juez penal económico Marcelo Aguinsky disputan quién debe quedarse con el caso, y esa definición la tomará la Cámara Federal de Casación en una audiencia prevista para el 30 de marzo. Todos los fiscales que intervinieron hasta ahora sostuvieron que esa causa debería quedar en manos de Aguinsky, lo que agrega todavía más incertidumbre a una investigación cada vez más sensible.
Una presión judicial que vuelve sobre Tapia y su mesa chica
La AFA ya había sido objeto de otros procedimientos vinculados a TourProdEnter y a Sur Finanzas, la firma de Ariel Vallejo, otro nombre que ingresó al fútbol por su cercanía con Tapia. También hubo allanamientos en 18 clubes y en la casa de Faroni en Nordelta. Lo de este viernes, sin embargo, elevó la presión porque fue directo al corazón de la estructura institucional del fútbol argentino.
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Con la documentación que se secuestre ahora, sumada a los contratos, balances y registros bancarios ya reunidos, no se descarta que la próxima etapa sea un peritaje contable de fondo. Ahí puede empezar a definirse si la investigación logra probar lo que por ahora figura como sospecha: que detrás del negocio internacional de la AFA existió una ingeniería financiera opaca y que parte de ese circuito puede haber terminado financiando bienes y operaciones imposibles de explicar en los papeles.
DCQ