Como ya escribimos en una nota anterior (ver acá), nuestra provincia tiene el triste “logro” de ser la primera donde un gobierno como el de Orrego, el PRO y la UCR apeló a la regresiva ley de reforma laboral con el único objetivo de frenar un paro provincial de 48 horas, que venía tomando una fuerza arrolladora en la docencia. La semana pasada, la Subsecretaría de Trabajo –actuando como “juez y parte”-, les impuso a los gremios que debían cumplir con el 75% de presencialidad docente en las escuelas, durante los dos días de paro.
Automáticamente, tras confirmarse la decisión de cancelar la medida por parte de los gremios, el gobierno convocó a una nueva reunión paritaria para el jueves 12. La acción de prohibir en los hechos la realización de un paro para reclamar por salario, presupuesto y mejores condiciones para enseñar y aprender, fue muy mal vista por toda la docencia.
El gobierno dice que no, pero… ¿cómo nos prohíben hasta poder protestar?
Eso se notó en la actitud del gobierno: el jueves, desde muy temprano, sus funcionarios salieron por todos los medios a explicar que no se trataba de una “censura” ni una “prohibición”, que la docencia podía protestar siempre y cuando se garantizara la presencia del 75% de las y los docentes en las escuelas, dando clases y cumpliendo sus tareas, lo que en los hechos anula el paro y lo hace imposible de concretar.
Porque le impide y le prohíbe -bajo amenazas de sanciones- a la gran mayoría de docentes (casi 8 de cada 10) que se pueda ejercer el legítimo y constitucional derecho de huelga. A la vez que se pretende obligar a decidir en la escuela quiénes sí podrían parar (solo un 25% del total del personal de cada escuela) y quienes no podrán parar de ninguna manera, al reclamar a los gremios y establecimientos que se envíen los listados de quienes van a garantizar que haya clases y actividad “normal”, más allá de la protesta.
Desde el secretario de Trabajo, pasando por el secretario de Finanzas y hasta el vicegobernador, todos intentaron explicar lo inexplicable. Sin reconocer lo antipedagógico y contrario a todo criterio educativo que implica esta medida porque obliga a que una parte del plantel docente tenga que garantizar las clases como si nada, con la escuela repleta y la misma asistencia de estudiantes.
Esto solo cabe en la mente de quién no conoce una escuela o apenas la ve como un mero “depósito” o “gran guardería” de pibes para que las familias puedan ir a trabajar, garantizando así la producción, los servicios y el comercio en el mercado capitalista sin ninguna dificultad para asegurar el lucro y funcionamiento capitalista como la única meta. ¿A quién se le ocurre que así se garantiza el “derecho a la educación”, en una escuela con una solo tres cuartas partes del personal trabajando, pero con la asistencia completa de grados y pibes, como si fuera un día cualquiera?
Oferta de pobreza, de un gobierno con gastos de lujos y negociados
Al mismo tiempo que el debate salarial y el ataque del gobierno hacia la docencia y su derecho a la protesta ocupaban el centro de la escena, les estalló otro escándalo. El medio La Mecha hizo pública una investigación donde revela que el gobierno de Orrego llegó a gastar $ 2.600 millones en la famosa tienda de la provincia, “La Boutique del Jamón”, en comida para eventos sociales. El gobierno que predica austeridad con los docentes resulta ser muy lujoso con sus invitados.
En la reunión paritaria del jueves 12, el gobierno —con el punto político que se anotó al impedir el paro de 48 horas— presentó dos propuestas salariales. Las cuales al verlas podemos ver que son insuficientes las dos, porque es la misma cantidad de plata que las anteriores propuestas que ya fueron rechazadas por el conjunto de la docencia. La única diferencia es la presencia de un bono en la opción 1 que es proporcional, no remunerativo. Y por ende no favorece al conjunto de la docencia.
El paro se levantó sin asambleas ni consulta
Como ya señaláramos en la nota anterior, la medida del gobierno era muy cuestionable. Por eso, los gremios podían haber sostenido el paro, realizar una contundente jornada de lucha y luego volver a negociar. Sin embargo, con el aval y la orientación equivocada de la conducción Celeste de la CTERA, la medida votada por la mayoría docente se levantó por WhatsApp. Inmediatamente, los tres gremios (UDAP, UDA y AMET), a través de una conferencia de prensa, convocaron a una movilización de antorchas para el miércoles 11.
Pero esa misma noche del martes comenzó a crecer la bronca en las escuelas. De forma espontánea, empezó a organizarse un sector autoconvocado que realizó una caravana de bocinazos en la Plaza 25 de Mayo, con muchos autos participando. La mañana de ese miércoles 11 —que debía ser el primer día del paro que finalmente no fue— la autoorganización movilizó a cientos de docentes en los departamentos de Jáchal e Iglesia. En este último departamento, la protesta llegó incluso a cortar el acceso a la mina Veladero.
La bronca por no poder hacer paro se mezclaba con el miedo a las sanciones a docentes si hacían paro.
A la marcha de antorchas —que tuvo gran cobertura mediática y una importante asistencia docente— le siguió una vigilia durante la reunión paritaria del jueves 12, en las puertas del Centro Cívico, aunque con una asistencia menor.
Hay que luchar contra esta tramposa “esencialidad” de la educación
Durante todo el fin de semana y hasta el lunes, la docencia está debatiendo qué opción elegir de la propuesta paritaria: si la uno, si la dos o ninguna de las dos. Pero independientemente de cuál se elija, ahora tenemos un obstáculo mayor para nuestros futuros reclamos: la declaración de la educación como un supuesto “servicio esencial”, habilitada por la regresiva reforma laboral esclavista.
En los plenarios de UDAP advertimos sobre lo peligroso que era que se aprobara esa ley y la necesidad de tomar todas las medidas para enfrentarlo. Sin embargo, la respuesta que recibíamos era “la reforma laboral solo afecta a los trabajadores del sector privado”, cosa que no es así como se ve ahora cuando nos quieren cercenar un derecho histórico y constitucional conquistado con luchas.
Desde Alternativa Docente y el MST en el Frente de Izquierda Unidad sostenemos que la educación no es un servicio esencial, así lo expresa incluso hasta la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y números fallos judiciales, incluso de la Corte Suprema. Lo esencial es contar con presupuesto y salarios dignos como reclamamos, pero es lo que niegan los gobiernos y por eso hasta nos sacan el derecho a protestar. También planteamos que hay que organizar un plan de lucha para frenar su aplicación, hasta lograr tirar abajo esa ley perversa, que va a condicionar todos los reclamos y luchas que organicemos. La conducción Celeste de la CTERA y los gremios docentes de la CGT, deben convocar a ese plan de lucha nacional para derrotarla, junto a las CTA y la propia CGT que debe dejar de “negociar” a espaldas de las bases.
Está claro que Orrego tiene la misma agenda política que Milei. Por eso mantiene lujosos gastos en banquetes y negocios privados, mientras los salarios docentes se ubican en niveles de indigencia y el presupuesto para infraestructura, becas, comedores, útiles, material didáctico es más que insuficiente.
La bronca contra este gobierno va creciendo, y sobran fuerzas para luchar.
Te invitamos a organizar esa bronca provincialmente y a que participes de nuestras reuniones abiertas para transformarla en acción, cuestionando un sistema en el cual puede cambiar el gobierno y tener un discurso de “cambio” y “renovación”, pero las políticas siguen favoreciendo a los ricos de la provincia y perjudicando a la docencia y el pueblo trabajador.
La tan mentada “revolución educativa” que pregonaba Orrego solo podrá ser obra de la propia docencia, los únicos que sostenemos y defendemos todos los días la educación pública.
Alternativa Docente – San Juan