A fines de agosto, el Colegio N° 514 “Madres de Plaza 25 de mayo” atravesó un hecho grave, el ingreso de las fuerzas policiales a la institución y la requisa a estudiantes debido a un llamado anónimo que suponía que un alumno dentro de la Escuela tenía un arma. Esta situación cobró relevancia pública y encendió la alerta de cómo deben ser abordadas estas situaciones inéditas en el ámbito escolar.
Rápidamente el repudio al proceder policial y la solidaridad se hizo escuchar por parte de los Organismos de Derechos Humanos y diferentes organizaciones sociales, políticas y estudiantiles que abrazaron a la Comunidad Educativa en la habitual Ronda de los jueves.
Lo sucedido es una vulneración de derechos a nuestros estudiantes y un avasallamiento al ámbito escolar ya que las fuerzas policiales, ingresaron sin orden judicial al establecimiento. Este accionar implica un traspaso de límites que no podemos naturalizar, ya que van en detrimento de los derechos democráticos, y destapa problemas de índole educativa, ligados inevitablemente a la crisis social que hoy estamos viviendo. Es por eso que dejamos algunos puntos clave para reflexionar.
El lugar de la Escuela y el cuidado frente al hostigamiento policial
Desde hace años en Rosario, los gobiernos y el Ministerio de seguridad (con Cococcioni a la cabeza reivindicando el operativo en la 514) llevan adelante medidas coordinadas entre las fuerzas nacionales y provinciales para la supuesta prevención del crimen y el delito organizado. Basta recordar el “Plan Bandera”, en colaboración con las autoridades de la ciudad, que llevó a una militarización en la periferia y empoderó a las fuerzas para que sean parte del paisaje en las esquinas de los barrios populares.
Este tipo de dispositivo posibilitó que se hicieran costumbre los abusos policiales cotidianos, integrados a las rutinas burocráticas de las fuerzas de seguridad, que en ocasiones pueden ser persecutorias y reiteradas sobre los jóvenes, y escalar en los niveles de violencia hasta llegar a situaciones de graves violaciones de los derechos humanos.
Esta política solo criminaliza y estigmatiza a las juventudes de los barrios, cuando el negocio ilegal de las armas y de las drogas en la ciudad pasa por otros canales, por los nichos de corrupción de la policía provincial, por los puertos rosarinos por donde se exporta el tráfico de los negocios ilegales y el silencio cómplice de la política tradicional que, también se financia con esos recursos.
Es esa misma policía, que sin ningún reparo requisó, y desplegó un operativo desmedido, con 30 agentes de seguridad, sus respectivas armas recortadas y sus vehículos policiales, cortando la calle, pero nada encontró. Esto demuestra que no existe tal prevención para casos de esta índole y que no se puede abordar esta situación desde una lógica represiva y punitiva. Parece una obviedad, pero merece recordar que en las escuelas hay jóvenes aprendiendo.
La salida es en comunidad y con más democracia
Como premisa comprobada, las instituciones escolares son caja de resonancia de los problemas sociales y hoy existe un consenso general de que la escuela y la educación, debido a las políticas de ajuste de los distintos gobiernos, atraviesan una crisis de gran escala. Es por eso que este problema educativo, necesita políticas socio-educativas de fondo.
En primer lugar, más presupuesto educativo, invertir en programas de contención y apoyo a los estudiantes, becas, gabinetes psicopedagógicos, promocionar el deporte, programas gratuitos de acompañamiento terapéutico, etc. También escuelas con mejores condiciones edilicias, donde la juventud encuentre un lugar seguro y cuidado. Con docentes sin sobrecarga laboral, con salarios dignos y una formación continua en servicio para garantizar el debate frente a nuevas problemáticas.
En segundo lugar, frente a este hecho consumado de intervención policial, debemos ser docentes, equipos de trabajo, auxiliares y estudiantes, las familias, la comunidad educativa, quienes debatamos y generemos las condiciones para acordar puntos mínimos de cómo actuar. Porque justamente es allí donde reside una mirada no punitiva, comprensiva y que potencia a los estudiantes.
No podemos dejar que la policía de Pullaro, que reprimió a la docencia santafesina y procesó a docentes por defender los derechos previsionales, entren como si nada en el territorio escolar.
Estos sucesos de denuncias de armas en la escuela, son aprovechados para sostener los discursos sobre la baja de la edad de imputabilidad, pedir mano dura o policías dentro de las instituciones escolares.
El Estado que desfinancia y destruye la Educación pública, es el mismo que después señala a los jóvenes como delincuentes o acusa a la escuela de ser incapaz de resolver problemas que son consecuencia de la propia desigualdad social.
No hay vía libre para la policía, la salida es colectiva, y pasa por organizarnos para seguir peleando por un modelo de sociedad donde la educación esté libre de todo tipo de violencia.