El centro de detención de migrantes conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida, se encuentra en proceso de desmantelamiento tras una orden judicial. En este contexto, Kevin Guthrie, director de la División de Manejo de Emergencias del estado, informó que la instalación probablemente quedará sin extranjeros bajo custodia en cuestión de días.
El anuncio ocurrió mientras la administración Ron DeSantis y el gobierno federal mantienen un litigio contra la orden de la jueza federal Kathleen Williams, quien dispuso el desmantelamiento progresivo del centro en un plazo de 60 días. El fallo judicial impide el ingreso de nuevos detenidos y exige el retiro de estructuras e instalaciones adicionales construidas en el área.
Aunque el gobierno estatal presentó una apelación, la jueza Williams negó la suspensión de su decisión, lo que mantiene vigente la orden de cierre. El fallo judicial establece que los reclusos deberán ser trasladados a otros centros mientras se completa el cierre.
“Probablemente, nos quedaremos con cero personas en unos pocos días”, aseguró Guthrie en un correo electrónico dirigido el 22 de agosto al rabino Mario Rojzman, quien tenía intenciones de brindar servicios de capellanía religiosa en las instalaciones, según lo retomado por AP.
El Alligator Alcatraz fue inaugurado el 1° de julio de 2025, tras una construcción acelerada financiada con recursos estatales. La instalación, ubicada a unos 80 kilómetros de Miami, fue diseñada para albergar hasta 3000 personas. Sin embargo, desde su apertura se presentaron demandas por su impacto ambiental y denuncias relacionadas con las condiciones de detención.
La edificación se realizó en una zona ecológicamente sensible sin cumplir con estudios de impacto ambiental requeridos por la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés). En tanto, organizaciones ambientalistas como Friends of the Everglades y la tribu Miccosukee sostuvieron que la obra amenaza especies protegidas como la pantera de Florida y la cigüeña americana. Además, señalaron que el proyecto altera el flujo natural de agua y afecta los humedales de la región.
A las críticas ambientales se sumaron reportes de abogados de derechos civiles y familiares de detenidos sobre fallas en el acceso a atención médica, problemas sanitarios y deficiencias en la infraestructura.
Los testimonios de internos y representantes legales describieron problemas graves en las carpas habilitadas como dormitorios. Se mencionaron deficiencias en ventilación, acumulación de residuos, fallas en los baños y limitaciones para el acceso al agua y la higiene personal.
Uno de los casos más documentados fue el de Luis Manuel Rivas Velásquez, un venezolano de 38 años que reportó síntomas respiratorios. Su abogado denunció que no recibió atención médica oportuna y que posteriormente fue trasladado bajo custodia a Texas, sin que se conozca con certeza su ubicación en ese momento. Adicionalmente, se reportó un brote respiratorio que alcanzó a gran parte de la población interna.
En ese contexto, familiares señalaron que cerca del 80% de los detenidos presentaron fiebre y tos, sin acceso a diagnósticos ni tratamientos adecuados. Varias ambulancias acudieron con frecuencia al centro debido a la magnitud del problema.
La ubicación de Alligator Alcatraz generó cuestionamientos por parte de expertos y grupos comunitarios. La obra implicó la colocación de asfalto, alumbrado y sistemas de saneamiento en un área considerada clave para la restauración de los Everglades, un ecosistema donde el gobierno federal invirtió miles de millones de dólares en programas de conservación.
Los demandantes argumentaron que la instalación aumentaba la mortalidad de especies en peligro y contaminaba su hábitat. La jueza Williams coincidió en que la construcción se realizó sin cumplir con las evaluaciones requeridas y determinó que el proyecto ocasionaba daños ambientales irreversibles.
El fallo del 22 de agosto de 2025 ordenó retirar todo el equipamiento instalado, lo que incluye vallas, generadores y tuberías. Solo se permite llevar a cabo reparaciones de seguridad y medidas de mitigación ambiental durante el proceso de cierre.
La orden judicial estableció que el desmantelamiento debe concluir en un plazo de 60 días, con la salida del último detenido hacia finales de octubre. El fallo no especificó a qué instalaciones serán trasladados los migrantes, por lo que las autoridades deberán presentar un plan de reubicación.
Mientras tanto, la administración DeSantis presentó una apelación y solicitó que el cierre se suspenda hasta la resolución definitiva del caso.
El gobierno federal respaldó la petición y alegó que las camas eran necesarias por el aumento de detenciones en el estado. No obstante, la jueza Williams rechazó este pedido y el proceso de cierre continúa en curso.