Un sector del Complejo Penitenciario Federal NOA III, en General Güemes, se convirtió en un centro de distribución de droga. Algunas celdas eran búnkeres donde fraccionaban cocaína que después vendían en el resto de los pabellones. Los detenidos montaron un negocio gigantesco y hasta ofrecían promociones y descuentos por mensajes que enviaban a los teléfonos celulares de los internos. Los pagos se hacían preferentemente por transferencia bancaria.
Nada de eso podía llevarse a cabo sin la complicidad de los guardiacárceles, pero la primera parte de la investigación solo avanzó hacia los presos que convirtieron su lugar de detención en una verdadera cárcel narco. Hasta el momento, ocho internos y la pareja de uno de ellos fueron imputados por integrar la organización.
La instrucción, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba y con los auxiliares Roxana Gual y Mariana Gamba Cremaschi, identificó a Rubén Ángel Rodríguez, alias “El Patrón”, como el cabecilla de la banda, a otros siete internos del penal salteño y a la mujer del líder que presuntamente colaboraba desde el exterior de la unidad.
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Según fuentes del caso, la jueza federal de Garantías N° 2, Mariela Giménez, dictó la prisión preventiva para todos los acusados, ordenando su traslado a otras unidades y declaró la “gravedad institucional” del caso al denunciar la presunta connivencia del personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF). En la audiencia se indicó que el operativo fue realizado por 300 efectivos de Gendarmería Nacional, a fin de evitar filtraciones desde el interior.
De acuerdo con la investigación, la droga ingresaba al penal mediante la pareja de Rodríguez, Analía Ivana Astigueta, desde Orán, donde fue detenida. Ella entregaba tanto las drogas como los teléfonos celulares para mantener contacto con los internos. Desde su celda, El Patrón coordinaba el fraccionamiento de la droga y su distribución. En una de las escuchas telefónicas surge que le indicaba a un cómplice cómo preparar la cocaína para que no sospecharan durante los controles.
Las pruebas técnicas incluyeron imágenes captadas por drones que sobrevolaron el penal durante el enorme allanamiento. Momentos después del ingreso de gendarmes, se observa a internos arrojando cinco celulares y una nube de polvo blanco desde las ventanas de sus celdas. Los dispositivos fueron recuperados en el patio trasero, pero también se incautaron envoltorios con cocaína y marihuana en recovecos –incluso en la capilla y los talleres del complejo–, lo que reflejó la amplitud del mercado interno.
Según las escuchas, cada dosis de cocaína se vendía en paquetes por aproximadamente 10 mil pesos, mientras que los pagos se hacían mediante transferencias bancarias a la cuenta de Astigueta, con montos que oscilaban entre 100 mil y 200 mil pesos. La operación se promocionaba entre los pabellones como si fuera un negocio formal: compartían ofertas y estrategias de venta desde sus teléfonos que ingresaban al penal.
“El fin de semana fue un éxito”, expresó uno de los imputados durante la audiencia, celebrando la fluidez de las ventas. Otro, en tono burlón, dijo: “Miren lo que tengo, te hago una promo”. Las modalidades de entrega eran variadas: “pasamanos” en zonas comunes, escondites dentro del piso, reformas en las paredes e incluso lugares comunitarios, como la escuela, la capilla o la peluquería del penal.
La investigación arrancó en febrero de 2024, tras la fuga de Cristián Ruiz Díaz, famoso narco que escapó por un alicate de los alambrados perimetrales, lo que encendió las alarmas. Además, la constante incautación de celulares (más de 250 hasta junio de este año) y el ingreso de droga derivaron en una investigación compleja.
Astigueta y Rodríguez, además de los demás internos Bilaja, Acosta, Fragapane, Toledo, Villarreal, Olmos y Chaile, fueron imputados por comercialización de estupefacientes agravada, un delito federal que conlleva pena efectiva.
Durante el operativo se secuestraron 13 tabletas de pastillas, ocho celulares en pabellones B y D, una moto, una cámara de fotos, una notebook, una CPU, un pendrive, libretas con anotaciones detalladas de pagos, documentación relacionada con la logística del negocio, un fusil tipo rifle con mira y balanza. En Orán, además, se allanaron las casas de Astigueta y su madre para reunir más pruebas.
Uno de los momentos más reveladores fue el segundo video exhibido por el fiscal, en el que se detecta cómo los internos celebran dentro de una celda al ver la cantidad de droga acumulada. Entre risas, hablaban de “blanca” (cocaína) y “amarilla” (pasta base) y se burlaban de cualquier denuncia externa, lo que evidenció la impunidad con la que operaban.
La jueza Giménez ordenó el congelamiento de la cuenta de Astigueta y levantó el secreto bancario, abriendo una investigación sobre el financiamiento ilegal de la banda. También fueron autorizadas pericias sobre cientos de celulares con el objetivo de identificar contactos externos, rutas de distribución y probables cómplices.
En la audiencia, la fiscal auxiliar Roxana Gual describió el cuadro de situación y le envió un mensaje a los guardiacárceles y las autoridades penitenciarias: “Bajo sus narices, o con su complicidad, la droga corre de un extremo a otro del penal”.
Piden que el líder pase al sistema de alto riesgo
L.N.
La Justicia solicitó que Rubén Ángel Rodríguez, alias El Patrón, sea incorporado al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, un protocolo que impone medidas extremas de seguridad para internos considerados de máxima peligrosidad.
Rodríguez está actualmente detenido cumpliendo una pena de ocho años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado como organizador, condena impuesta el 6 de septiembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 de Salta. En paralelo, está imputado como el jefe de una organización criminal que distribuía droga desde el Complejo Penitenciario Federal NOA III, en General Güemes.
El pedido se enmarca en la Resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad, que regula este sistema destinado a internos vinculados a delitos como narcotráfico, terrorismo y asociación ilícita. Las condiciones incluyen restricción total de contacto físico con visitas, llamadas salientes únicamente desde teléfonos públicos bajo supervisión, y movilidad interna controlada.